Entre otras cosas, yo propondría 001.
Para iniciar el combate a la corrupción.
Una medida clara para combatir la corrupción a nivel administrativo, es hacer pública la lista de empresas proveedores a gobierno, con domicilio fiscal y representantes legales perfectamente identificados, en los tres niveles de gobierno. Que todos los datos de los proveedores estén el Diario Oficial de la Federación, así como en una página web fácilmente consultable. Fiscalizar que los notarios que dieron origen a estas empresas proveedoras a gobierno hagan públicos estos datos, así como la verificación que hagan de su actualización. Porque mucho se ha hablado de la facturación falsa o de las empresas fantasmas que han sido cómplices de aquellos que han defraudado perjudicando al erario. Los Duarte, los Lozoya, los Videgaray y tantos más que se han enriquecido impúdicamente por los puestos que han tenido. Formaron una mafia que sigue viviendo del presupuesto, aunque ya no trabajen en el gobierno.
Los notarios no han sido fiscalizados ni supervisados ni reconvenidos ni sancionados por nadie. Ellos cumplen con dar fe y cobrar por ese detalle. Pero en realidad ¿saben si las empresas o compañías de las que dan fe de su existencia y sus bienes son reales? ¿saben si cuentan actualmente con los recursos administrativos y humanos para realizar los trabajos o servicios para los que se crearon? ¿llevan una bitácora de las actualizaciones que sus clientes hayan hecho como cambio de domicilio o de tipo de administración que llevan en realidad? Bueno sería hacer una supervisión de sus clientes y saber cuántos de ellos aún son reales y cuáles ya son simples fantasmas facturando de manera ilícita defraudando cínicamente.
Si se tuviera un acceso fácil a las licitaciones de obras ganadas y a las asignaciones otorgadas, con nombres de las compañías responsables, así como de sus representantes legales y personal responsable de proporcionar el servicio o los responsables de la ejecución de obras, sabríamos a quién se le cayó el puente por una mala estructura, sabríamos quién o quiénes son los que no hacen las entregas a tiempo de medicinas o aparatos para los hospitales, y de tantas cosas que éste gobierno ha querido mejorar, pero se ha encontrado con la maraña de trámites y contratos leoninos que gobiernos anteriores dejaron. Pero bien podría empezar por ahí para evitar los saqueos de que ha sido objeto la Nación.
Claro que hacer pública esta información es muy difícil, dadas las lagunas jurídicas que existen, pero es ahí donde el congreso se ha hecho de la vista gorda, no ha hecho su trabajo en la modificación de leyes, con iniciativas o propuestas y la reforma fiscal necesaria, que se ha quedado solo en ver los impuestos y los repartos gubernamentales, con tanta opacidad, que tratar de saber cómo se distribuyen los dineros, es tarea solo para “profesionales”. Su deber también es buscar la forma de que todo esté claramente regulado, contando con el apoyo del Poder Judicial para que exista la legalidad necesaria.
Hoy vemos con tristeza que ha sido muy difícil encontrar culpables de tantos fraudes en muchos aspectos de la administración. Desde la construcción que se pagó por: hospitales, que nunca se terminaron o no se hicieron; carreteras que se repararon a medias o no se hicieron; puentes o vías de comunicación que han quedado a medias y mal, como de los servicios “prestados” que no se realizaron, pero que si se pagaron por parte de las diferentes áreas y niveles en los gobiernos. Mientras ellos gozan de impunidad, gastando lo que obtuvieron de mal habida manera, en otros lugares del país hay pobreza y no se les puede apoyar como se debe.
Este gobierno ha intentado hacer que las cosas cambien, pero creo que no ha encontrado la forma. Le está costando mucho trabajo ser un Gobierno de Estado. Iniciar cambios nunca ha sido fácil, pero sin dirección pues es todavía más difícil. Los pasos para hacer que las leyes funcionen llevan tiempo y forma, pero sería menos difícil si se aprobaran el plebiscito y el referéndum como herramientas jurídicas para que las leyes propuestas, que benefician al país, sean aprobadas, si no por el Poder Legislativo sí por el pueblo, que al final es que el sale beneficiado o perjudicado por las decisiones de los representantes.
Si se quiere una democracia participativa, es necesario darle mayor presencia al pueblo en la toma de decisiones, ya que por el momento no hay forma de castigar a los infractores o rateros o mentirosos o traidores de forma expedita, tenemos que esperar a las “benditas” votaciones, cosa que me parece injusta.
Hoy iniciamos un año más y espero que sea de acciones e iniciativas más prácticas y menos argumentativas, porque ya no es justo pedir que esperemos porque el cambio es muy difícil.
CONSIDERANDOS:
- Porque el combate a la corrupción administrativa necesita de acciones firmes, debemos regular el origen de su operación.
- Porque se debe combatir la ANARQUÍA Y NO CONFUNDIRLA CON LA AUTONOMIA.
- Porque la IMPUNIDAD Y EL PROTECCIONISMO FUERON SON Y SERÁN LOS PADRES DE LA CORRUPCIÓN Y SAQUEO DEL PATRIMONIO DE TODOS.
SE PROPONE:
- QUE EL OTORGAMIENTO DE NOTARIAS, SEA REGULADO POR LOS TRES PÓDERES DEL ESTADO, Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS SOLICITANTES, POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESCUELAS ESPECIALISTAS EN DERECHO.
- QUE A PARTIR DEL SIGUIENTE AÑO, TODAS LAS NUEVAS NOTARIAS ESTÉN OBLIGADAS A ENTREGAR LA INFORMACIÓN DE SUS CLIENTES, CUANDO ÉSTOS SEAN PROVEEDORES A GOBIERNO, CON TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS, SUFICIENTES Y ACTUALIZADOS, PARA SU LOCALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA LICITACIÓN DE CONCURSOS O ASIGNACIÓN DE CONTRATOS.
- LAS NOTARIAS ACTUALES TENDRÁN UN TIEMPO LÍMITE PARA REALIZAR LA VEREFICACIÓN DE SUS CLIENTES, CUANDO ÉSTOS SEAN PROVEEDORES A GOBIERNO, CERTIFICANDO QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- EN CASO DE INCURRIR EN UNA FALTA DE VERIFICACIÓN O NO ENTREGA DE LOS REGISTROS NECESARIOS, LAS NOTARIAS SE HARÁN ACREEDORAS A UNA AMONESTACIÓN QUE QUEDARÁ REGISTRADA EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, CON LIBRE ACCESO. EN CASO DE UNA SEGUNDA FALTA LAS NOTARIAS SE HARÍAN ACREEDORAS A UNA SANCIÓN DE 6 MESES DE INHABILITACIÓN DE ACTIVIDADES Y EN CASO DE UNA TERCERA FALTA SE LE PODRÁ SUSPÉNDER DEFINITIVAMENTE.
mml.03.01.2023
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